Yvonne Blajean Bent: Judicialización de la política o Lawfare

 Yvonne Blajean Bent:

 Judicialización de la política o Lawfare

Por adminfutura · En octubre 13, 2019

Por Yvonne Blajean Bent*

En este artículo, Yvonne Blajean Bent nos introduce a una de las problemáticas más álgidas del debate político actual de la región. Mediante un análisis minucioso de sus principales componentes, Blajean Bent presenta las características fundamentales de las estrategias de manipulación mediática con fines políticos. Al mismo tiempo, identifica los intereses y objetivos detrás de la persecución mediática y judicial a dirigentes políticos populares. 

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“En la vida política, cuando se quiere dar un golpe de estado, los medios comienzan a criticar a los dirigentes y, con la calumnia y la difamación, los deshonran. Luego llega la justicia, los condena, y al final se da el golpe de estado. La misma persecución que se veía cuando la gente en el circo gritaba para ver la lucha entre los mártires y las fieras o gladiadores…”

Homilía del Papa Francisco “La verdadera unidad”, 

17 de mayo 2018, Santa Marta, Roma

El concepto de lawfare, junto con el de Fake news parece haber inundado las notas y columnas de opinión, tanto en diarios, como radios e inclusive en trabajos académicos. La gran mayoría de los políticos que solemos escuchar u observar por estos medios masivos hablan del lawfare y de fake news de una forma que indicaría que manejan dichos términos como si fueran una obviedad y que los mismos circulan hace muchísimo tiempo. 

Sin embargo, cuando se empieza a buscar algún autor que haya profundizado algo, solo aparecen escritos sobre teoría militar que enumeran los diversos elementos que el Lawfare engloba. Dicha idea se basa en la guerra (aunque no convencional) contra un enemigo externo. Su origen se remonta a los años 50, en plena Guerra fría y su puesta en práctica tiene como objetivo la seguridad nacional. Para ello la ley se transforma en un arma y por esto la poca convencionalidad a la que hacía referencia, ya que en general no suele pensarse a la ley y a la guerra como dos términos que pueden ir juntos.

Esta mutación de la ley radica en que su función: unir, mediar, ligar, es puesta en una especie de pausa. De esta forma, es forzada y mediante una interpretación cercana a su límite, es usada con fines diferentes para los que fue sancionada. Así, una ley que debiera proteger los derechos, es empleada para menoscabarlos. Parecería que estamos frente a un oxímoron.

Recién en el año 2001, (Charles) Dunlap esboza una definición que es la que hoy surge en primer lugar cuando se ingresa el vocablo en un buscador online. El lawfare es el uso de la ley como un arma de guerra. Es preciso detenerse aquí brevemente, pues cuando Dunlap refiere a este uso lo hace pensando en situaciones de conflicto internacional donde el terrorismo interpreta un rol fundamental, pues es el enemigo al que los gobiernos que usan la ley como un arma, quieren combatir. 

Un enemigo será terrorista cuando busque intimidar con un objetivo: provocar a otros a hacer algo que de no haber ocurrido su acción no se hubieran ni siquiera planteado. De todas formas, la definición de un acto como terrorista tiene cierto sesgo, pues siempre surge a partir de una construcción social, política y cultural y al interpretar un acto que no deja de ser violento, como ilegítimo y terrorista no se debe olvidar la connotación política que hay detrás. Partiendo entonces de la calificación de un acto como violento, ilegítimo, y en consecuencia terrorista se corren los límites del alcance de la ley para combatir a estos enemigos que siembran el pánico, generalmente en sociedades occidentales.

Si comparamos esta representación del lawfare con la actual, sobre todo en Latinoamérica, veremos que hay una enorme distancia, pues hoy, en nuestra región, este concepto suele usarse para describir las dinámicas en conflictos políticos internos sin que haya en el medio, actos terroristas. Ya no es necesario un enfrentamiento armado como señala Holzer, ni la ley es el elemento que reemplaza a los típicos medios militares (Dunlap). 

La judicialización de la política en América Latina: CHARLES DUNLAP

Por Camila Vollenweider (@mcvollenweider) y Silvina Romano ( @silvinamceleste) 

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Ahora bien, hemos señalado que el lawfare hoy se entiende como una manera de abordar los conflictos dentro de un sistema político. Sin embargo, este no es solo una herramienta aislada, sino que integra a un elenco de instrumentos que juntos pueden afectar e incluso hacer tambalear procesos políticos.  De esta forma la aplicación de la ley se articula también con el despliegue de fake news, las que circulan generando el sentido común de verosimilitud de un hecho delictivo que no necesariamente ocurrió. Y estas noticias falsas, solo pueden existir con una estructura de medios en la que prevalezca el derecho de libre empresa, sobre el de la comunicación e información. Para poder instrumentar este desequilibrio suele argumentarse que ambos derechos son equivalentes. 

En otras palabras, el lawfare, se mueve junto con la circulación de noticias que no son ciertas y estas solo pueden salir a la luz en un estado en el que el derecho a la comunicación se usa como una pantalla para sostener un sistema monopólico de medios que se presten y así colaboren con la circulación de dichas noticias. Sin embargo, falta identificar un elemento más. El poder judicial que forma parte de este movimiento y cuya función es encontrar la verdad, y al investigar los hechos que salieron a la luz pública con una noticia falsa, les otorga la verosimilitud necesaria para que la ciudadanía, los tome como válidos.

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Vayamos a la desagregación de cada elemento. Las noticias falsas o fake news pueden rastrearse a lo largo de la historia como un elemento más dentro de la política, sin embargo, creo que los once principios de Goebbels resultan un resumen de cómo el difundir hechos o características disvaliosas de un enemigo, colaboran en la posterior persecución de este en los tribunales de justicia.  Este funcionario del gobierno nacionalsocialista alemán postuló una serie de recomendaciones para manipular la construcción del sentido común. Estas son, el principio de la simplificación, que consiste en individualizar un único enemigo. El método del contagio, que resulta una especie de continuidad del primero, pues insta a la unificación de los enemigos en una especie de categoría. Por ejemplo, todos los miembros de un gobierno o partido político son corruptos. 

Luego está el principio de la transposición que promueve que hay que cargar al enemigo elegido con los errores propios, como ocurre con un gobierno cuando hace responsable de todos los problemas sean actuales o no al gobierno que lo precedió. El principio de la exageración, que no es otra cosa que convertir una cuestión menor en algo fundamental para el sistema político, como ocurre con las declaraciones de un candidato sobre alguna posible medida si es que gana las elecciones. 

Todas estas noticias deben ser “vulgares” de acuerdo con Goebbels, pues para él la capacidad de comprender de la opinión pública suele ser bastante básica. Esto va de la mano con el principio de orquestación con el que se explica que estas noticias no deben ser muchas, sino que lo que debe hacerse es repetirlas constantemente y desde varias perspectivas, así el público no tiene lugar a dudas sobre su veracidad. 

El principio de la verosimilitud, atraviesa todos lo principios. El mismo se apuntala con el del silencio, que consiste en que aquellos temas sobre los que hay dudas, es mejor no tratarlos y si salen a la luz es mejor evitarlos. 

Todas estas noticias falsas descansan sobre un sustrato de prejuicios que permiten que las mismas sean creíbles. Esto es lo que Goebbels denomina principio de transfusión. Por último está el número de personas que consideran probable que dicho hecho ocurrió. Es decir, cuanto mayor sea el número, más creíble es el argumento. Esta cantidad en lugar de calidad, se conoce como principio de unanimidad.

Ahora, estas noticias no circularán sin la ayuda de una estructura de medios encolumnados detrás del poder político de turno o bien con intereses en que los protagonistas de las mismas no accedan a ciertos lugares en el entramado político. Para que esto ocurra es necesario que la libertad de expresión no sea entendida como el derecho de todo ciudadano de expresar sus ideas con una prensa libre que se lo permita, sino como la posibilidad de que los medios masivos sean entendidos como empresas que comercian con noticias y en cuyas manos se encuentra la capacidad de fijar la agenda.

Es decir, la libertad de expresión suele interpretarse en esta etapa del capitalismo financiero como libertad de empresa, y esta última libertad suele establecerse a la luz de monopolios mediáticos, que conforman grupos económicos cuyos intereses no solo son informar a la opinión publica, sino que se cruzan con otras ramas de la economía, como los negocios agropecuarios, alimenticios, energéticos, de telecomunicaciones, y aquellos que signifiquen una buena inversión y la potencial capacidad de aumentar el poder de negociación y presión frente a quien intente ponerse en su contra. 

Este desequilibrio de fuerzas que hoy tienen los grupos de medios de comunicación fue visto, explicado y combatido por Sean Mac Bride, quien presidió la comisión de la UNESCO por los años 80, dedicada al estudio de un nuevo orden de la información y la comunicación (NOMIC). Su informe, conocido como El Informe Mac Bride, explica la imperiosa necesidad del acceso a la información, como también la importancia del ejercicio pleno del derecho a la comunicación, el cual se ve menoscabado cuando hay empresas que tienen el monopolio de la circulación de las palabras y por ello del sentido común. Para estos las noticias no dejan de ser una mercancía. Para el ciudadano, en cambio, es un elemento indispensable para una vida democrática plena. 

La circulación de estas fake news, que se venden y compran como si fueran un kilo de bananas o un litro de leche, son el insumo fundamental para motorizar una lucha desigual, en la que se usa la ley como una herramienta indispensable. Como ejemplo cercano en el tiempo encontramos el affaire que protagonizó Cambridge Analityca,  junto a Facebook, empresas que admitieron usar información de las redes sociales sin permiso de los usuarios. 

De esta forma, una noticia que no es veraz, comienza a circular y se torna sentido, genera una denuncia en los tribunales o en una fiscalía. La inocencia o culpabilidad son casi una anécdota, todos creen que es así, que el hecho ocurrió. Porque como antes se detalló, los principios goebbelianos están en marcha. Para completar el círculo, hay que sumar dos roles sumamente importantes en este procedimiento, los periodistas que firman las noticias que los grupos mediáticos publican y el poder judicial (léase con este al Ministerio Público también) que dinamizan las denuncias y que darán la pincelada final a esta obra. 

Los periodistas han tenido por años, como gremio, cierto prestigio. Muchos de ellos lo conservan pues trabajan rigurosamente corroborando la información que van obteniendo de sus investigaciones, no obstante, muchos otros se han transformado en mercenarios al mejor postor. Así lo explica el periodista de investigación Hugo Alconada Mon en su último libro “La Raíz” de editorial Planeta. El capítulo 8 se circunscribe a la función de los periodistas en el origen de la corrupción en la Argentina.

En este texto relata cómo muchos hombres y mujeres de la prensa escrita, televisiva y radial han sido cómplices de muchos hechos contrarios a la ley que han ocurrido, ya que han omitido hacerlo público a cambio de pauta publicitaria, prebendas o bien una suma de dinero. También han sido partícipes de la construcción de noticias en base a hechos inciertos, sacados de contexto, usando pruebas de dudosa procedencia y en base a estas afirmaciones es que en muchos casos se ha sembrado la duda sobre la honestidad de algunos funcionarios. 

Por último y no por ello menos importante está el Poder judicial, que ha permitido que los problemas políticos de un Estado se resuelvan en el seno de sus tribunales. Esto se ha llevado adelante con la complicidad de los jueces y fiscales que han iniciado investigaciones sobre hechos de escasa credibilidad, permitiendo que la ley deje de ser un elemento de unión y que su palabra, que se cristaliza en sentencias, se devalúe cada vez más.  

Muchos de estas investigaciones suelen ser el puntapié para una serie de informes y noticias que tienen como objetivo lo que Jesse Souza llama, en su libro “Radiografía de un golpe”, en el que relata el golpe de estado a Dilma Rousseff, “fulanización”. Con este concepto se abarca la idea de inculpar a una persona de ciertos hechos que pueden o no ser ciertos, pero que suelen correr del eje un mal que suele ser estructural, como la corrupción.

Así todos los hechos de corrupción son culpa de esa única persona, haya pruebas o no. Lo que importa es que se respire cierto aire de sospecha. Este se construye con la radicación de la denuncia, su publicidad y un constante bombardeo de noticias relacionadas con el hecho. Muchas de estas suelen ser consecuencia directa de filtraciones de los juzgados o fiscalías, tanto de testimonios, como de desgrabaciones de escuchas telefónicas que solo deberían ventilarse en el juicio oral, etc. Lo importante es generar la sensación colectiva de que ese hecho delictivo ocurrió. Algunos ejemplos pueden ser el juicio político a Dilma Rousseff, otro la prisión a Lula da Silva, encarcelado cuando lideraba las encuestas como candidato a presidente.

Esta sentencia hoy se encuentra sospechada por las maniobras del juez instructor Sergio Moro y el fiscal Daganoll, quienes no solo filtraron información sensible, sino que manipularon la investigación para que en la sociedad se construya el imaginario de su culpabilidad, aunque las pruebas, como esbozó el fiscal, solo eran circunstanciales y endebles (1). Un caso más controvertido aún, el que ocurrió en Perú hace semanas, cuando el ex presidente Alan García se quitó la vida. Esta decisión fue el correlato a las acusaciones que estaba enfrentando en la causa Obedrecht y a raíz de las que se había librado una orden de detención en su contra.

  ¿Cual es el objetivo de esta puesta en escena? ¿Por qué? Una respuesta podría ser por una cuestión de clase, ya que si seguimos profundizando veremos que casualmente quienes son imputados de estos delitos y víctimas del uso de la ley como un arma, son todos dirigentes de partidos de origen popular que buscan ensanchar derechos a los menos favorecidos. Ahora bien, esa respuesta no creo que sea suficiente. Me animaría a afirmar que hay cuestiones de índole material que influyen en la articulación de estas artimañas.

Generalmente estos dirigentes de partidos de origen popular han tocado algún interés a los grandes grupos económicos, a veces cuestiones financieras como la baja del spread que llevo adelante Dilma Rousseff en Brasil, o bien las retenciones al agro en la Argentina de la década kirchnerista. La amenaza de que lo vuelvan a hacer o profundicen cierta medida que disminuye ganancias de los grupos dominantes es también una posibilidad.

Ahora bien, más allá de estas cuestiones de clase, es posible vislumbrar que algunas facciones de la burguesía, que se encuentran ligadas al capital financiero, han elegido sustituir la antigua forma de crear mayorías, por una combinación del uso de la ley, noticias falsas, medios y la justicia. Estas dinámicas generan movimientos descendientes del poder, no hay una base de sustentación en otros sectores sociales, lo que tiene como consecuencia que al ser un poder que surge sin un andamiaje popular que los sostenga, sea endeble y permita que el círculo vuelva a empezar. 

Esta forma de entretejer legitimidad no logra escapar a la lógica que detalla Luis Ferrajoli en su libro “Poderes Salvajes”, donde el filósofo italiano desgrana la forma en que se busca cooptar el Estado con el fin último de usar al mismo con un interés privado. Para esto es indispensable que los partidos políticos pierdan la función de ser representantes de los diferentes sectores, apropiándose del conflicto que es la dinámica que mueve al motor social. De esta forma con el uso de los medios que ocupan el lugar que hasta hace unos años tenían dichas agrupaciones, la percepción de la sociedad es moldeada de acuerdo a los intereses de quienes dominan el Estado. 

La herramienta mediática logra dividir el campo social en dos, y del lado opuesto siempre se ubica al diferente, que es presentado como el causante de todos los males y a quien hay que apartar del entramado social. Así con noticias de dudosa veracidad, que empresas mediáticas con intereses particulares presentan a una sociedad despolitizada y con valores morales débiles, nos encontramos frente a la intención de obtener que aquel que es construido como enemigo sufra los mismos efectos que lo que ocurría en Roma con la muerte civil, una ficción jurídica que restringía los derechos civiles a las personas, aunque no hubiera ocurrido su muerte real.

Así se abusa no solo de las noticias falsas, sino que estas tienen su correlato en investigaciones judiciales que presentan al opositor político como un “criminal” con la única motivación de que no tenga una imagen pública aceptable. Como ejemplo de esto está el caso de Dilma Rousseff en Brasil cuyo juicio político se basó en la construcción de la imagen de una mala administradora del Estado, a pesar de que no se probó nada de lo que se le imputaba. En las siguientes elecciones no obtuvo los votos para ser senadora. 

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¿Como resolverlo? ¿De qué manera se puede combatir? ¿Cómo generar que la ley sea aplicada de forma correcta y no se abuse de su letra? Creo que es un gran desafío y que la moral y la ética son elementos fundamentales. No es posible que la ley sea despojada de estos componentes pues sin ellos su función es solo instrumental.

No hay diferencia entre una ley o un serrucho, si la primera no representa valores sociales, no une con su letra a la sociedad que organiza. Entonces la única forma de que la ley no se use como un arma es que la misma sea la consecuencia de lo que Jürgen Habermas llama “acción comunicativa”, la cual sólo es factible cuando la libertad es un hecho. 

Por otra parte, es imprescindible que el componente ético al que se hace referencia no sea solo un requisito para la clase dirigente, sino que la ética, tomando como eje la diferenciación que hizo Max Weber, la de la responsabilidad y la convicción. Estas dos deben ser los vectores que atraviesen a todos los ciudadanos para que no solo los principios sean importantes, sino que su ejercicio también resulte la conclusión de una reflexión critica, para que a partir de una construcción de ciudadanía democrática y responsable, los dirigentes políticos, económicos, sociales y culturales provengan de un sustrato en donde prime no solo la libertad, sino también el compromiso con ciertos  valores que la sociedad ha ubicado como fundamentales para la convivencia. 

El problema reside en el hecho de permanecer capturado en esquemas de funcionamiento que bloquean la capacidad de actuar y de desarrollar la multiplicidad propia del conflicto. 

Notas: 

1-The Intercept. Glenn Greenwald y otros. 

Enlace: https://theintercept.com/2019/06/09/brazil-lula-operation-car-wash-sergio-moro/

(última consulta: 13 de junio de 2019)

Bibliografía:

-www.culturizando.com (23/04/2019)

-Alconada Mon, Hugo (2019) La raíz, capitulo 8. Planeta. Buenos Aires.

-Duhalde, Eduardo Luis; Alén Luis Hipólito. (2001) Teoría Jurídico-Política de la Comunicación. Capítulo IV (151-218) Eudeba. 

-Ferrajoli, Luigi (2011) Poderes salvajes. 

-Zuleta, Ignacio. (2019) El Papa peronista. Ariel. Buenos Aires

*Abogada y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Es maestranda en la Maestría en Teoría Política y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

http://sociedadfutura.com.ar/2019/10/13/judicializacion-de-la-politica-o-lawfare/